Linuxero
2014-04-01 13:50:59 UTC
El abuso de urgencias se paga
El presidente de los colegios de médicos propone multar el mal uso de la
sanidad
“No estamos para juzgar, sino para atender”, replican facultativos de
emergencias
Jaime Prats / Emilio de Benito 31 MAR 2014 - 22:07 CET
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/31/actualidad/1396296468_399374.html
Igual que se penaliza a quien se salta un semáforo en rojo, ¿se debería
castigar con una multa a quienes hagan un “mal uso” de la sanidad? El
presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez
Sendín, entidad que agrupa a los colegios de médicos de toda España, es
partidario de establecer multas cuando se dé un abuso desproporcionado y
reiterado, por ejemplo, de las visitas a las urgencias hospitalarias.
En una intervención en el Foro de la Nueva Economía y en presencia de la
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que
presentó el acto, el representante de los médicos apostó este lunes por
multar al que abuse de los servicios sanitarios: “Yo nunca pondría un
copago por ir al médico; pondría un pago por utilizar mal los servicios
sanitarios”, al igual que “multan por ir por la carretera cuando se pasa
de 120 kilómetros por hora”.
“La que se ha liado”, comentaba a este diario Rodríguez Sendín horas
después de su intervención, tras la polvareda levantada por sus
manifestaciones. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la
Sanidad Pública, por ejemplo, salió al paso de sus manifestaciones e
indicó que la medida “además de injusta está destinada a culpabilizar a
los ciudadanos enfermos de los problemas económicos de la sanidad pública”.
En todo caso, y a pesar de las reacciones en contra, el presidente de la
OMC insistía en la necesidad de “proteger el sistema” por lo que
consideraba tolerable que se impongan “pagos, que no copagos” a quien
use indebidamente las facilidades del sistema sanitario.
Francia y Bélgica ya cobran a los pacientes por ir al médico de cabecera
No es fácil definir el abuso sanitario. ¿Qué entiende Rodríguez Sendín
por mal uso de los servicios de salud públicos? “Hay gente que va a
urgencias no por miedo o porque esté preocupado, sino para saltarse la
lista de espera, y así lo que se consigue es saturar las urgencias para
quienes de verdad la necesitan”, afirma. En este caso, no vería mal una
tasa. “Muchas cosas que se ven en urgencias podrían tratarse en primaria
o en urgencias de primaria. Están cada vez están más extendidas y
equipadas, alguna hasta cuenta con ecógrafos y aparatos de rayos X. Es a
esa gente a la que yo me refería, no al que va mucho porque se siente
mal”. “El sistema hay que protegerlo con protocolos, y una parte de
estos es que se pase por primaria antes”, añade.
De hecho, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad (de 2011),
el sistema público atendió 20,6 millones de urgencias hospitalarias, y
hasta 27 millones en las de primaria (20 millones de médicos y el resto
de enfermería), pero las urgencias representan menos de la mitad de los
4,2 millones de ingresos hospitalarios, lo que quiere decir que solo un
10% de las personas que van a urgencias acaba ingresada.
El supuesto abuso en las consultas de urgencias, especialmente las
hospitalarias, en lugar de pasar primero por el centro de salud del
barrio es un tema recurrente cuando se hace alusión a las malas
costumbres sanitarias de la población. Pero no siempre es sencillo
trazar una línea que sirva para definir cuándo una patología es leve y
cuándo merece la atención sanitaria más especializada que puede ofrecer
un servicio de urgencias dotado con una mayor capacidad de diagnóstico.
Las urgencias en Irlanda solo son gratis si lo indica un facultativo o
el 112
Juan Jorge González Armengol, presidente de la Sociedad Española de
Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) sostiene que no es “en
absoluto” partidario de cobrar por un mal uso de las urgencias. “Hacer
juicios a priori de lo que tiene un paciente va en contra del código de
deontología médico, y como expertos confirmamos que no es fácil”, comenta.
“No estamos para juzgar, estamos para atender”, añade, “lo que no
significa que hagamos una llamada indiscriminada al uso de estos
servicios, ni de ninguno, pero entendemos que un sistema sanitario debe
estar al servicio de las tendencias sociales y no al revés”.
González Armengol se refiere al aumento de patologías crónicas y el
envejecimiento de la población: “Esto es lo que viene ocurriendo en
España en los últimos 30 años”.
El responsable de la sociedad de urgencias no cree que exista un abuso
de estos servicios: “Cuando una persona va a las tres de la mañana a un
servicio de urgencias es porque tiene un problema”. González Armengol
insiste en la idea de no juzgar la necesidad de atención inmediata que
perciba el paciente y remite a la definición de la Organización Mundial
de la Salud sobre la atención de urgencias: “Aquello que el paciente o
su entorno próximo considera susceptible de atención inmediata”. Por
ello, más que apostar por los castigos, se muestra partidario de
“insistir en las medidas de educación sanitaria”.
En un hospital de Milán los enfermos menos graves pagan la asistencia
“Esto [la multa] es para pensárselo y que no se malinterprete”, comentó
Rodríguez Sendín en su intervención a primera hora de la mañana. No
parece que la iniciativa calara muy hondo en la ministra, que, al ser
preguntada sobre esta posibilidad, tomó distancia y respondió que se
trataba de una “anécdota”.
En cualquier caso, si en España se adoptara esta medida en algún
momento, no sería el primer país en incorporarla. En el entorno europeo,
Irlanda lo hace, como recuerdan los especialistas en gestión sanitaria
Salvador Peiró y José Ramón Repullo.
“En Irlanda, si no se acude a un servicio de urgencias hospitalario
derivado por el servicio del 112 o desde la atención primaria se debe
hacer frente a un pago”, explica Repullo, jefe del departamento de
Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad.
Para evitar casos de desasistencia a población sin recursos acostumbrada
a acudir a las urgencias para resolver sus problemas de salud, existe
una tarjeta sanitaria especial que permite a estas personas acercarse a
los hospitales sin tener que pagar por la atención que reciban.
Peiró, coordinador de la Unidad de Investigación de Servicios de Salud
del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia
—dependiente de la Generalitat— añade el ejemplo de aseguradoras
sanitarias estadounidenses que también facturan la atención en urgencias
a sus clientes si el paciente no acude remitido por un médico de cabecera.
Hay otras experiencias que también se han puesto en marcha con la
finalidad de reducir la afluencia a las urgencias y tratar de rebajar la
demanda de estos servicios. Por ejemplo, la llevada a cabo por algunas
regiones italianas, entre ellas, Milán (el hospital de San Paolo). Estos
centros han desarrollado un particular sistema de selección de pacientes
en las puertas de urgencia. Los enfermos se clasifican al llegar por su
nivel de urgencia y la gravedad que presentan, y como consecuencia de
ello, aquellos que el personal sanitario considere que no necesitan
atención de urgencia deben pagar si quieren ser tratados. Además, son
relegados y reciben los cuidados de forma no prioritaria.
No acudir a la cita con el especialista es un ejemplo de mal uso del
servicio
Junto al caso de las urgencias, Rodríguez Sendín traslada en su
conversación con EL PAÍS otro ejemplo de mal uso de recursos sanitarios:
el de las personas que no acuden a la cita con el especialista. “Así
solo se aumentan las listas de espera, y el resultado es que son los más
débiles los que pagan el pato. Los otros se van a la privada, pero los
pobres no pueden y sufren por ese mal uso”. Los especialistas ven unos
83 millones de casos al año, según los datos del Informe Anual del
Sistema Nacional de Salud, pero, “de media, dependiendo de los
servicios, el número de citas que los pacientes no atienden puede llegar
al 25%”, comentó Rodríguez Sendín. “Claro que eso varía mucho. Seguro
que en cardiología son muchos menos, y en dermatología más, porque en lo
que les dan la cita se les pasa el problema”, apunta.
El tercer ejemplo que pone son las personas que no recogen las pruebas,
aunque estos casos no son tan importantes porque en muchos hospitales
los resultados pasan del especialista al médico por el sistema
informático, y el médico tiene los datos aunque el paciente no vaya a
recogerlos.
Salvador Peiró cree que hay pocas evidencias de que las fórmulas
sanitarias de “castigos a posteriori” funcionen para contener la
demanda. Ni siquiera la receta que aplica Irlanda con las urgencias. “No
sirve para rebajar la presión asistencial en los servicios de urgencia”,
comenta. Sí recuerda algún caso de éxito de “experiencias raras”
practicadas en hospitales británicos que desplegaban en las puertas de
urgencias a médicos de primaria con la misión de reconducir al circuito
de atención primaria a las personas que llegaban con trastornos leves.
Para Peiró el problema de las urgencias recae más en la parte de la
oferta, en la organización asistencial, que en la de los pacientes, “que
van a donde pueden”. “Yo creo que manejamos mal las urgencias, tratamos
a la gente con problemas leves como si fueran graves, practicamos un
exceso de pruebas y malacostumbramos a los enfermos”, relata. “De alguna
forma les trasladamos el mensaje de que el médico de cabecera es malo y
que apenas pide pruebas, cuando no le hace falta abusar con las pruebas
para dar con el diagnóstico como hace acertadamente el médico de primaria”.
El origen de la polémica desatada por Rodríguez Sendín está en una
pregunta que le formularon tras su discurso en el Foro de la Nueva
Economía: “Me preguntaron por el copago al acudir al médico y yo dije
que de ninguna manera, incluso aunque la gente vaya muchas veces al
médico por miedo. Tengo colegas en Portugal y ahí el copago es un desastre”.
La posibilidad de cobrar a los pacientes por ir al médico es una de las
propuestas del informe de los expertos sobre la reforma fiscal. Esta
posibilidad, el llamado tique moderador que tiene como objetivo poner
barreras a la frecuentación excesiva de las consultas y que existe en
países como Francia (1 euro por consulta de atención primaria con un
máximo de 50 euros al año) o Bélgica. En Alemania, también estuvo
vigente. Los pacientes debían abonar desde el año 2004 la cantidad de 10
euros al trimestre para acudir a la consulta del centro de salud y otros
10 euros al acudir al especialista sin volante de su médico o al
servicio de urgencias. En noviembre de 2012, en pleno año electoral, se
eliminaron estos pagos.
El único copago vigente en España hace referencia a los medicamentos. El
Gobierno lo amplió en julio de 2012 al extenderlo a los pensionistas
(con topes de gasto entre 8, 14 y 62 euros mensuales), cuando hasta
entonces solo debían abonar parte del coste del tratamiento las personas
activas. La intención era extenderlo también a otras parcelas como el
transporte no urgente en ambulancia, las prótesis y los productos
dietoterápicos; pero en enero de este año el Ministerio de Sanidad
renunció a sus planes. Poco antes, el Consejo de Estado cuestionó el
ahorro que se conseguiría si se cobrara por el transporte sanitario no
urgente.
El presidente de los colegios de médicos propone multar el mal uso de la
sanidad
“No estamos para juzgar, sino para atender”, replican facultativos de
emergencias
Jaime Prats / Emilio de Benito 31 MAR 2014 - 22:07 CET
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/31/actualidad/1396296468_399374.html
Igual que se penaliza a quien se salta un semáforo en rojo, ¿se debería
castigar con una multa a quienes hagan un “mal uso” de la sanidad? El
presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez
Sendín, entidad que agrupa a los colegios de médicos de toda España, es
partidario de establecer multas cuando se dé un abuso desproporcionado y
reiterado, por ejemplo, de las visitas a las urgencias hospitalarias.
En una intervención en el Foro de la Nueva Economía y en presencia de la
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que
presentó el acto, el representante de los médicos apostó este lunes por
multar al que abuse de los servicios sanitarios: “Yo nunca pondría un
copago por ir al médico; pondría un pago por utilizar mal los servicios
sanitarios”, al igual que “multan por ir por la carretera cuando se pasa
de 120 kilómetros por hora”.
“La que se ha liado”, comentaba a este diario Rodríguez Sendín horas
después de su intervención, tras la polvareda levantada por sus
manifestaciones. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la
Sanidad Pública, por ejemplo, salió al paso de sus manifestaciones e
indicó que la medida “además de injusta está destinada a culpabilizar a
los ciudadanos enfermos de los problemas económicos de la sanidad pública”.
En todo caso, y a pesar de las reacciones en contra, el presidente de la
OMC insistía en la necesidad de “proteger el sistema” por lo que
consideraba tolerable que se impongan “pagos, que no copagos” a quien
use indebidamente las facilidades del sistema sanitario.
Francia y Bélgica ya cobran a los pacientes por ir al médico de cabecera
No es fácil definir el abuso sanitario. ¿Qué entiende Rodríguez Sendín
por mal uso de los servicios de salud públicos? “Hay gente que va a
urgencias no por miedo o porque esté preocupado, sino para saltarse la
lista de espera, y así lo que se consigue es saturar las urgencias para
quienes de verdad la necesitan”, afirma. En este caso, no vería mal una
tasa. “Muchas cosas que se ven en urgencias podrían tratarse en primaria
o en urgencias de primaria. Están cada vez están más extendidas y
equipadas, alguna hasta cuenta con ecógrafos y aparatos de rayos X. Es a
esa gente a la que yo me refería, no al que va mucho porque se siente
mal”. “El sistema hay que protegerlo con protocolos, y una parte de
estos es que se pase por primaria antes”, añade.
De hecho, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad (de 2011),
el sistema público atendió 20,6 millones de urgencias hospitalarias, y
hasta 27 millones en las de primaria (20 millones de médicos y el resto
de enfermería), pero las urgencias representan menos de la mitad de los
4,2 millones de ingresos hospitalarios, lo que quiere decir que solo un
10% de las personas que van a urgencias acaba ingresada.
El supuesto abuso en las consultas de urgencias, especialmente las
hospitalarias, en lugar de pasar primero por el centro de salud del
barrio es un tema recurrente cuando se hace alusión a las malas
costumbres sanitarias de la población. Pero no siempre es sencillo
trazar una línea que sirva para definir cuándo una patología es leve y
cuándo merece la atención sanitaria más especializada que puede ofrecer
un servicio de urgencias dotado con una mayor capacidad de diagnóstico.
Las urgencias en Irlanda solo son gratis si lo indica un facultativo o
el 112
Juan Jorge González Armengol, presidente de la Sociedad Española de
Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) sostiene que no es “en
absoluto” partidario de cobrar por un mal uso de las urgencias. “Hacer
juicios a priori de lo que tiene un paciente va en contra del código de
deontología médico, y como expertos confirmamos que no es fácil”, comenta.
“No estamos para juzgar, estamos para atender”, añade, “lo que no
significa que hagamos una llamada indiscriminada al uso de estos
servicios, ni de ninguno, pero entendemos que un sistema sanitario debe
estar al servicio de las tendencias sociales y no al revés”.
González Armengol se refiere al aumento de patologías crónicas y el
envejecimiento de la población: “Esto es lo que viene ocurriendo en
España en los últimos 30 años”.
El responsable de la sociedad de urgencias no cree que exista un abuso
de estos servicios: “Cuando una persona va a las tres de la mañana a un
servicio de urgencias es porque tiene un problema”. González Armengol
insiste en la idea de no juzgar la necesidad de atención inmediata que
perciba el paciente y remite a la definición de la Organización Mundial
de la Salud sobre la atención de urgencias: “Aquello que el paciente o
su entorno próximo considera susceptible de atención inmediata”. Por
ello, más que apostar por los castigos, se muestra partidario de
“insistir en las medidas de educación sanitaria”.
En un hospital de Milán los enfermos menos graves pagan la asistencia
“Esto [la multa] es para pensárselo y que no se malinterprete”, comentó
Rodríguez Sendín en su intervención a primera hora de la mañana. No
parece que la iniciativa calara muy hondo en la ministra, que, al ser
preguntada sobre esta posibilidad, tomó distancia y respondió que se
trataba de una “anécdota”.
En cualquier caso, si en España se adoptara esta medida en algún
momento, no sería el primer país en incorporarla. En el entorno europeo,
Irlanda lo hace, como recuerdan los especialistas en gestión sanitaria
Salvador Peiró y José Ramón Repullo.
“En Irlanda, si no se acude a un servicio de urgencias hospitalario
derivado por el servicio del 112 o desde la atención primaria se debe
hacer frente a un pago”, explica Repullo, jefe del departamento de
Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad.
Para evitar casos de desasistencia a población sin recursos acostumbrada
a acudir a las urgencias para resolver sus problemas de salud, existe
una tarjeta sanitaria especial que permite a estas personas acercarse a
los hospitales sin tener que pagar por la atención que reciban.
Peiró, coordinador de la Unidad de Investigación de Servicios de Salud
del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia
—dependiente de la Generalitat— añade el ejemplo de aseguradoras
sanitarias estadounidenses que también facturan la atención en urgencias
a sus clientes si el paciente no acude remitido por un médico de cabecera.
Hay otras experiencias que también se han puesto en marcha con la
finalidad de reducir la afluencia a las urgencias y tratar de rebajar la
demanda de estos servicios. Por ejemplo, la llevada a cabo por algunas
regiones italianas, entre ellas, Milán (el hospital de San Paolo). Estos
centros han desarrollado un particular sistema de selección de pacientes
en las puertas de urgencia. Los enfermos se clasifican al llegar por su
nivel de urgencia y la gravedad que presentan, y como consecuencia de
ello, aquellos que el personal sanitario considere que no necesitan
atención de urgencia deben pagar si quieren ser tratados. Además, son
relegados y reciben los cuidados de forma no prioritaria.
No acudir a la cita con el especialista es un ejemplo de mal uso del
servicio
Junto al caso de las urgencias, Rodríguez Sendín traslada en su
conversación con EL PAÍS otro ejemplo de mal uso de recursos sanitarios:
el de las personas que no acuden a la cita con el especialista. “Así
solo se aumentan las listas de espera, y el resultado es que son los más
débiles los que pagan el pato. Los otros se van a la privada, pero los
pobres no pueden y sufren por ese mal uso”. Los especialistas ven unos
83 millones de casos al año, según los datos del Informe Anual del
Sistema Nacional de Salud, pero, “de media, dependiendo de los
servicios, el número de citas que los pacientes no atienden puede llegar
al 25%”, comentó Rodríguez Sendín. “Claro que eso varía mucho. Seguro
que en cardiología son muchos menos, y en dermatología más, porque en lo
que les dan la cita se les pasa el problema”, apunta.
El tercer ejemplo que pone son las personas que no recogen las pruebas,
aunque estos casos no son tan importantes porque en muchos hospitales
los resultados pasan del especialista al médico por el sistema
informático, y el médico tiene los datos aunque el paciente no vaya a
recogerlos.
Salvador Peiró cree que hay pocas evidencias de que las fórmulas
sanitarias de “castigos a posteriori” funcionen para contener la
demanda. Ni siquiera la receta que aplica Irlanda con las urgencias. “No
sirve para rebajar la presión asistencial en los servicios de urgencia”,
comenta. Sí recuerda algún caso de éxito de “experiencias raras”
practicadas en hospitales británicos que desplegaban en las puertas de
urgencias a médicos de primaria con la misión de reconducir al circuito
de atención primaria a las personas que llegaban con trastornos leves.
Para Peiró el problema de las urgencias recae más en la parte de la
oferta, en la organización asistencial, que en la de los pacientes, “que
van a donde pueden”. “Yo creo que manejamos mal las urgencias, tratamos
a la gente con problemas leves como si fueran graves, practicamos un
exceso de pruebas y malacostumbramos a los enfermos”, relata. “De alguna
forma les trasladamos el mensaje de que el médico de cabecera es malo y
que apenas pide pruebas, cuando no le hace falta abusar con las pruebas
para dar con el diagnóstico como hace acertadamente el médico de primaria”.
El origen de la polémica desatada por Rodríguez Sendín está en una
pregunta que le formularon tras su discurso en el Foro de la Nueva
Economía: “Me preguntaron por el copago al acudir al médico y yo dije
que de ninguna manera, incluso aunque la gente vaya muchas veces al
médico por miedo. Tengo colegas en Portugal y ahí el copago es un desastre”.
La posibilidad de cobrar a los pacientes por ir al médico es una de las
propuestas del informe de los expertos sobre la reforma fiscal. Esta
posibilidad, el llamado tique moderador que tiene como objetivo poner
barreras a la frecuentación excesiva de las consultas y que existe en
países como Francia (1 euro por consulta de atención primaria con un
máximo de 50 euros al año) o Bélgica. En Alemania, también estuvo
vigente. Los pacientes debían abonar desde el año 2004 la cantidad de 10
euros al trimestre para acudir a la consulta del centro de salud y otros
10 euros al acudir al especialista sin volante de su médico o al
servicio de urgencias. En noviembre de 2012, en pleno año electoral, se
eliminaron estos pagos.
El único copago vigente en España hace referencia a los medicamentos. El
Gobierno lo amplió en julio de 2012 al extenderlo a los pensionistas
(con topes de gasto entre 8, 14 y 62 euros mensuales), cuando hasta
entonces solo debían abonar parte del coste del tratamiento las personas
activas. La intención era extenderlo también a otras parcelas como el
transporte no urgente en ambulancia, las prótesis y los productos
dietoterápicos; pero en enero de este año el Ministerio de Sanidad
renunció a sus planes. Poco antes, el Consejo de Estado cuestionó el
ahorro que se conseguiría si se cobrara por el transporte sanitario no
urgente.